jueves, 1 de octubre de 2015

¡Repudiamos la condena a 12 años de prisión impuesta a Orlando Barrantes!

¡Llamamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y partidos de izquierda a impulsar una campaña unitaria contra la criminalización de la protesta social!
 
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El pasado 16 de setiembre, los Juzgados de Pococí impusieron una condena de 12 años de prisión a Orlando Barrantes, un reconocido militante de izquierda y dirigente de muchas de luchas sociales en la zona caribeña, a quien le achacan ser el autor intelectual de un “secuestro extorsivo” en diciembre del 2000 cuando, en el marco de una huelga realizada en Guápiles, cuatro agentes de Policía fueron retenidos por un grupo de manifestantes en respuesta a la fuerte represión que libraron los anti-motines contra el movimiento.


¡15 años de persecución política contra Orlando Barrantes!

La acusación contra Orlando Barrantes no tiene ningún fundamento legal y, su verdadera motivación, es de carácter político: ¡encarcelar a un dirigente social con historial de militancia en la izquierda revolucionaria!
Según la versión de la Fiscalía, Barrantes es el autor intelectual del secuestro extorsivo por su condición de dirigente, aunque cuando se produjo la retención de los Policías estaba en medio de las negociaciones con el gobierno para buscar una salida al conflicto. Pero la  Fiscalía sostiene que, dado que se encontró una camioneta con piedras en la zona de la protesta, era evidente que había una “predisposición” hacia la violencia por parte de los dirigentes del movimiento.
Recordemos que, a inicios del 2000, se produjo la histórica lucha contra el Combo ICE, proceso que paralizó el país por tres semanas y puso en jaque la continuidad del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Los partidos y jueces de la burguesía comprendieron que esta pelea fue un “parte aguas” en la vida política del país y, por lo mismo, pre-anunciaba el incremento de las movilizaciones para los años venideros, ante lo cual tomaron medidas concretas para judicializar la protesta social. Por ejemplo, durante los meses posteriores al Combo ICE, los bloqueos pasaron de ser una simple contravención a ser tipificados como un delito, abriendo la posibilidad de enviar a  la cárcel a quienes fueses responsables de realizarlos.
 En este contexto se produjo la huelga de Guápiles en diciembre del 2000, cuando de forma unificada campesinos, trabajadores bananeros, ex mueleros, ferroviarios y transportistas, unificaron fuerzas para realizar una serie de exigencias al Gobierno de Rodríguez, lo cual fue aprovechado por la Policía y los jueces de la burguesía para desatar un fuerte represión y procesar a varios de sus dirigentes, dándole “contenido” a su campaña de criminalización de las luchas.
Esto explica la persecución política que, desde ese momento, desarrolla la Fiscalía contra Orlando Barrantes, a quien llevaron a juicio en cuatro ocasiones durante estos quince años. En los tres procesos anteriores los tribunales no pudieron condenarlo, pero en este nuevo juicio finalmente fue hallado culpable y condenado a 12 años de prisión.

Una política sostenida para criminalizar la protesta social

Como señalamos líneas atrás, el caso de Barrantes hace parte de una política sostenida del Estado costarricense para criminalizar a los activistas sociales y militantes de izquierda que participan en las luchas sociales. Esta orientación comenzó posteriormente a la lucha contra el Combo ICE y se extendió durante los diferentes gobiernos de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Liberación Nacional (PLN). Pero, contra todo pronóstico, tuvo un salto en calidad durante la actual administración de Acción Ciudadana (PAC), que hace méritos para ser calificado como uno de los gobiernos más represivos de las últimas décadas.
Son varios los casos que suman a este perfil autoritario de la administración de Luis Guillermo Solís. Por ejemplo, en abril los Tribunales de Justicia de Limón, condenaron a Paulina Briones a cinco años de prisión por protestar contra la construcción de la terminal portuaria de APM Terminals, acusándola de instigar la quema de un camión. Meses atrás, el dirigente indígena de Salitre, Sergio Rojas, estuvo varios meses en prisión preventiva hasta que fue liberado por la presión política y la falta de pruebas en su acusación. Otro caso fue el de las dos mujeres que estuvieron un mes en prisión preventiva por bloquear una calle en El Roble de Puntarenas exigiendo viviendas dignas. Por último, pero no menos importante, está el proceso en curso contra cinco activistas detenidos en la represión del 8 de noviembre frente al edificio central de la CCSS, cuando la Policía reprimió abruptamente una pequeña movilización que ya se estaba dispersando.

¡Organicemos una campaña contra la condena a Orlando Barrantes y la persecución político-judicial contra activistas sociales y militantes de izquierda!

Resulta claro que el Estado burgués costarricense, a través de los Tribunales de Justicia, la Fiscalía y la Policía, tiene una orientación para procesar judicialmente a determinados dirigentes sociales y/o de izquierda. Esto no es producto de un capricho, sino que tiene por objetivo algo muy concreto: sentar precedentes de que en Costa Rica se puede encerrar a quienes luchen contra las políticas del gobierno y los empresarios.
En los últimos meses pareciera que esta política se está profundizando, pues en menos de un año tres dirigentes sociales están (o estuvieron) en las cárceles del país: Paulina Briones, Sergio Rojas y, de ratificarse la condena, Orlando Barrantes.
Por esto, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) encontramos necesario que las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y partidos de izquierda, desarrollemos una campaña contra la criminalización de la protesta social, que tenga como punto de arranque exigir la revocatoria de la condena impuesta contra Orlando Barrantes. Aunado a esto, deben sumarse otros puntos como exigir la libertad de Paulina Briones y el desprocesamiento de los cinco activistas procesados por la represión del “8N”.
En este sentido, reiteramos nuestra propuesta para organizar una jornada de lucha contra la criminalización de la protesta social para el próximo 8 de noviembre. Sabemos que en otros espacios ya se valoró realizar una acción para esta fecha, pero aún no se concreta nada. Desde el NPS estaremos llevando esta iniciativa a los diferentes sectores y espacios donde intervenimos.

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