jueves, 1 de octubre de 2015

Para negociar con JM Santos hay que pedirle un fiador...

La CEPAL en su informe (2012) arroja crudas cifras que no mienten la magnitud de la pobreza e indigencia entre niños y adolescentes colombianos que rebosa el 45% (pobres) y un 17 % (indigentes). Si sumamos, tenemos un resultado escalofriante del 62% de pequeños colombianos que no tienen acceso a ninguna esperanza de vida plena y se debaten entre la desnutrición, la insalubridad y la ignorancia. Comparar números es un ejercicio mucho más aterrador. Tres millones setenta mil colombianos no perciben un solo dólar de ingreso. Y la cosa no queda allí, el 32% de los obreros no tienen contrato de trabajo ni acceso al sistema de seguridad social. Y de los que aparecen en las cifras con algún ingreso, es decir, la fuerza laboral, el 48% descubre a vendedores callejeros, o a personas que ejecutan trabajos ocasionales. Colombia es uno de los países con mayores problemas de desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina. El 10% de hogares más ricos percibe ingresos 30 veces superiores que el 10% de hogares pobres. Según cifras estadísticas del gobierno, hay 16,7 millones de pobres, en Colombia, 6 millones en total pobreza extrema.

Y los derechos humanos de la mujer están restringidos, sobre todo los de género y reproductivos, de protección frente a la comisión de delitos sexuales de los que son víctimas. Además de diferentes tipos de discriminación en el ámbito político, laboral, económico, social y familiar. Son las mujeres, quienes como resultado de masacres, tomas de pueblos, asesinatos selectivos, y otros hechos violentos paramilitares, del Estado o la guerrilla, tienen que asumir el traslado silencioso e inseguro desde sus lugares de origen a las ciudades, o a los países vecinos como Venezuela (5 millones 600 mil), Ecuador (800 mil) y Brasil (720 mil). Miles de mujeres asumen el éxodo en el propio país o hacia el exterior. Según la Defensoría del Pueblo, se estima que en promedio 10 colombianas salen diariamente del país para ejercer la prostitución.
Desplazamiento poblacional en Colombia: un crimen planificado 
Sin duda, en Colombia el terrorismo de Estado está estrechamente ligado a la política oligárquica de acumulación capitalista. No es insustancial que el 40% de su territorio esté negociado en concesiones a multinacionales mineras. El desplazamiento fatal de poblaciones enteras -como estrategia- intenta quebrar la resistencia popular ante la depredación de los recursos naturales vaciando de población las zonas codiciadas por las multinacionales. Esta maniobra se ejerce también por las directrices de EU dirigidas a despoblar el campo, en una tentativa por exterminar la base social de la guerrilla, que se ha comportado como un aparato de contención en la indiscriminada entrega del territorio a las transnacionales de la depredación.
Así se determina como el paramilitarismo, además de servirle a los latifundistas, es cofinanciado por las multinacionales y coordinado desde el mismo estado para difundir el terror en poblaciones y regiones mediante masacres y torturas. Ese instrumento paramilitar creado por la oligarquía terrateniente (con Uribe al frente), se fortaleció por instrucciones del comando Sur de EU: inicialmente, la misión Yarbourough de 1962 preconizó la creación de grupos paramilitares, promovidos por el Estado, con el fin de asesinar a los comunistas y a todos aquellos que lucharan por reivindicaciones y justicia social. La doctrina contrainsurgente y el concepto del “enemigo interno” que rigen el accionar del ejército colombiano, toman su inspiración de la doctrina (manual) franco-estadounidense que preconiza el control mediante la tortura sistemática a los líderes sociales, y el desplazamiento de poblaciones para evitar la insurgencia o al menos para aplazarla. Esto es lo que está aplicando Santos hoy, aunque lo niegue.
La frontera dominada por el paramilitarismo
Ningún gobierno colombiano ha generado políticas sociales para los habitantes de las fronteras. De acuerdo con estudios del Departamento Nacional de Planeación y del PNUD, los 12 departamentos y 70 municipios fronterizos, que a lo largo de 6.301 km le dan casi la vuelta a Colombia, exhiben, con contadas excepciones, indicadores por debajo de la media nacional y muy lejos de los de Bogotá. La asociación entre paramilitarismo, narcotráfico y poder político es vieja en Norte de Santander. Data, al menos, de 1999, cuando el clan Castaño le encargó a Salvatore Mancuso el control del Bloque Catatumbo. El poderoso clan Barriga (conformado por Carlos Emiro, ex senador, Pedro Luis, multimillonario empresario de la construcción y de fábricas de asfalto, quien según la ONG Progresar era jefe de finanzas del “Bloque Catatumbo”, y Rafael Barriga, alias “Toyota”, que amasó su gran fortuna como contrabandista de carros robados en Venezuela), tuvo vínculos estrechos con “El Iguano”, reconocido comandante paramilitar, y con el asesinado narcotraficante Luís Pérez Mogollón, alias El Pulpo”. En Cúcuta y el Norte de Santander hay beneficiarios directos, concurrentes, allegados y pupilos de estas perversas organizaciones delictivas. Se cuentan  líderes nacionales, regionales y locales, hubo y hay senadores y ex senadores, diputados y ex representantes, ex gobernadores y el actual gobernador, ex alcaldes, y el actual de Cúcuta (Jefe de Los Rastrojos) secretarios de gobierno y hacienda, secretarios de todas las carteras, funcionarios, contratistas del petróleo y el carbón, terratenientes de la palma aceitera... etc.


Las bandas criminales del paramilitarismo y del narcotráfico vieron una oportunidad excelente en la frontera con Venezuela y hacia allí enfilaron toda su maldad. La han aprovechado de manera excesiva y despiadada como saben hacerlo, pasando por encima de toda ley y de todo principio, apoyados desde Bogotá. El negocio era tan bueno que el narcotráfico por esta zona descendió dramáticamente. Venezuela con este accionar paramilitar pierde sólo en gasolina dos mil millones de dólares/año, sin contar los alimentos, electrodomésticos, maquinaria, vehículos, repuestos, medicinas, químicos, abonos, cerveza, licores, ropa... etc. que el contrabando saquea.
La Oligarquía colombiana aplica su falso positivo: de victimaria a víctima
La carrera política de Santos puede resumirse: miembro del partido liberal y fundador del partido de la Unidad “U”. Durante el gobierno de Gaviria fue ministro de Comercio Exterior; y Ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana. Siendo luego Ministro de la Defensa de Uribe. Participó en hechos que pudiesen ser calificados de delictivos, como el asesinato de Raúl Reyes y veinte personas mas en Ecuador, la desaparición de miles de ciudadanos por los “Falsos positivos” y el de propiciar a un delincuente, hoy preso en EU, Mario Montoya, como comandante del ejército. Está claro que es el gran responsable político del actual contexto de degradación tanto al interior de su país, como en las fronteras con Venezuela, Ecuador, Perú, y Brasil.
Definitivamente el show fabricado por el gobierno y la clase política colombiana es patético. Con argumentos absurdos y mentiras por doquier, pretenden montarle un expediente al gobierno venezolano. Casi que dicen entre sus falsos lloriqueos que a Robert Serra lo mandó a matar el presidente Maduro y que el paramilitar juzgado por el crimen es un mártir político del régimen chavista. Para Santos el control de Venezuela sobre su territorio se parece a lo hecho por los nazis en Polonia contra los judíos y un delincuente como el Procurador uribista que suspendió los derechos políticos de Piedad Córdova por 15 años le ordena a la CPI que detenga a Nicolás Maduro, a tres generales del ejército y al presidente de la Asamblea Nacional, por genocidio contra el pueblo colombiano. Mayor estupidez imposible. Pero es la matriz que repiten incesantemente los falsimedia neogranadinos, españoles y mayameros.
Es que Venezuela con el control sobre su frontera ha descubierto las miserias de ese país neoliberal vendido por Santos como la panacea latinoamericana, fábula repetida incesantemente por la derecha de ambos países. Ahora resulta que la miseria en la frontera es descomunal, que las bandas delictivas manejan la política, que los pobres desplazados suman millones y que los cinturones de miseria en las ciudades de ese país se parecen a los del norte de Brasil. Y hay protestas en Cúcuta, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en el Chocó, en la Guajira, y en los barrios de Bogotá. De pronto el mundo descubrió lo que ya se sabía sobre ese destrozado país que es Colombia. Y eso, los nietos de los asesinos de Sucre y de Bolívar, los victimarios de Gaitán, de Galán, de Navarro Wolf, de Robert Serra y de las decenas de miles de inocentes, los primeros productores de cocaína y de heroína, del mundo, no le perdonan a Maduro y a Venezuela q’ los hayan puesto en evidencia frente al mundo y obvio reaccionaron como lo que son.

De hoy en adelante, para negociar con el gobierno colombiano habrá que pedirle a JM Santos un fiador. La oligarquía santanderista no es confiable. Traicionaría de nuevo a Bolívar si éste volviera a nacer, y de seguro conspiraría para masacrar a Sucre, como conspiró para asesinar a Chávez y hace lo propio contra Maduro. Esa es la psiquis de esa pandilla parásita, despreciable y falaz.

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