miércoles, 23 de julio de 2014

Gobierno español aprueba ley que oposición considera reprime derechos

(PL).- El Consejo de Ministros de España aprobó hoy un polémico proyecto de ley de Seguridad pese a la crítica de la oposición que considera contiene disposiciones violatorias de las libertades ciudadanas.
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Medios opositores y organizaciones no gubernamentales califican la regulación como Ley mordaza, porque estiman limita fuertemente las protestas ciudadanas y de desobediencia civil, en momentos de grandes dificultades económicas y sociales.
Coincidentemente cuatro activistas de Greenpeace colocaron frente a la sede del Gobierno, una pancarta con la leyenda No a la Ley Mordaza y en las redes sociales comenzó a circular la convocatoria de una concentración de protesta hoy en la Plaza Colón de Madrid.

El proyecto original, que será sometido ahora a debate por los grupos parlamentarios, establece multas de entre 30 mil y 600 mil euros para las faltas consideradas muy graves; de 30 mil a mil euros para las graves y de 100 a mil euros para las leves.
Como faltas muy graves se incluyen concentraciones no comunicadas frente al Congreso y grabación o difusión de imágenes de la actuación de agentes de las fuerzas de seguridad.
Ante las críticas, las autoridades aseguran que suavizaron algunos términos de la primera versión y garantizan elos derechos constitucionales y libertades públicas.
El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares llamó a la insurrección democrática y la desobediencia civil ante lo que calificó de ataque frontal contra las libertades y derechos.
Según su criterio, la iniciativa es injustificada dado el bajo nivel de incidentes en la demostraciones y busca establecer fórmulas legales para reprimir la protesta ciudadana y criminalizar las manifestaciones, huelgas y otras formas de expresión.
Es un acomodo para impedir protestas y reclamaciones públicas de cara a la próximas citas electorales, pero también una medida alarmista y populista desde el punto de vista penal, haciendo un guiño a los sectores más retrógrados del Partido Popular, apuntó.
Asimismo el Partido Socialista Obrero Español afirmó que la ley no garantiza la seguridad ciudadana, pretende recortar los derechos y pasar al gobierno muchas de las competencias de la justicia.

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