martes, 6 de marzo de 2012

Argentina. Fiscales pasivos y espionaje sobre las victimas en la causa Nuestra Huella: Marcha a la Procuración Nacional


La Alameda y el MTE vienen denunciando desde el 2008 a la empresa Nuestra Huella S.A. por trabajo esclavo e infantil en sus granjas de recolección de huevos.Numerosos testimonios y filmaciones acreditaron año tras año la modalidad esclavista de la empresa cuya presidenta, Alejandra Lopez Camelo, es prima del actual intendente de Pilar, Humberto Zúccaro.
Los trabajadores de la empresa avícola Nuestra Huella acompañados por la Alameda, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) marcharan este lunes 5 de marzo, a las 13, hacia la Procuración Nacional (Guido 1577, Recoleta) para entregar un petitorio al procurador Esteban Righi

(ver foto) en el que se denuncia al fiscal federal de Zarate y Campana por no apelar el sobreseimiento a los directivos de la empresa Nuestra Huella, acusados por el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación por trata de personas. A su vez se denunciará que el Juzgado Federal N° 1 de San Martín ordenó tareas de inteligencia sobre las propias victimas y las organizaciones que las apoyan en una burda causa armada por la Policía Federal. La Alameda y el MTE vienen denunciando desde el 2008 a la empresa Nuestra Huella S.A. por trabajo esclavo e infantil en sus granjas de recolección de huevos.Numerosos testimonios y filmaciones acreditaron año tras año la modalidad esclavista de la empresa cuya presidenta, Alejandra Lopez Camelo, es prima del actual intendente de Pilar, Humberto Zúccaro.
Marcha al Juzgado Federal de Campana.
Desde aquel año hay una causa por reducción a la servidumbre y trabajo infantil que se tramitaba en el Juzgado de garantías en lo penal (Maraggi / Kalf / IPP 2.199/2008) y que hace pocos meses determinó no sólo estos delitos, sino además los delitos de trata y tráfico de personas y por tal razón, resolvió elevar la causa al Juzgado Federal. Simultáneamente, en el Juzgado Federal de Adrian González Charbay, el Ministerio Público Fiscal de la Nación a través de Marcelo Colombo titular de la fiscalía antitrata UFASE denunció a la empresa por trata y trafico de personas y en esta misma causa las victimas se constituyeron en querellantes con el patrocinio de la Alameda (causa 339/2009).   En esa causa se tramita además las denuncias a la empresa por utilizar agrotóxicos peligrosos para la salud y se investiga las razones de la muerte del niño Ezquiel Ferreyra, quien fue sometido a trabajo infantil desde los cuatro a los seis años entre el guano y los agro tóxicos y falleció el 16 de noviembre de 2010.
UN JUEZ FEDERAL A FAVOR DE LOS ESCLAVISTAS DE NUESTRA HUELLA   El juzgado Federal González Charbay adoptó una actitud encubridora y complaciente con la empresa e hizo innumerables maniobras para evitar el procesamiento de los directivos. Ni las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal, por el INADI, por la Alameda y hasta por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fueron suficientes para que el juez federal de Campana procesara y condenará a los esclavistas. Tampoco parecen haber sido suficientes, las investigaciones del Juzgado de garantías en lo penal de Campana que acreditó la trata de personas y las propias inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que en setiembre de 2008 le impuso a la empresa una multa de un millòn de pesos por haber encontrado trabajo infantil en 30 granjas de Nuestra Huella.
El Juzgado Federal de Campana, complice de los esclavistas.
El Juez Federal Charbay no sólo resolvió sobreseer a los directivos de la empresa esclavista en los delitos de trata y de utilización de agro tóxicos peligrosos para la salud, sino que además rechazo la investigación del Juzgado de garantías en lo penal de Campana que acreditaba la trata y la reducción a la servidumbre. Todo esto fue apelado por los trabajadores y la Alameda y ahora es la Cámara Federal de San Martín la que tiene que resolver el curso de las causas contra la empresa.
LOS FISCALES NO DEFIENDEN LA CAUSA INICIADA POR EL MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION
Lo increíble del caso es que ninguno de los fiscales federales de Zárate-Campana apeló ninguna de las medidas de Adrián González Charbay, ni el fiscal Orlando Bosco, tampoco Fabián Marcelo Matillaque optaron por guardar silencio frente a las arbitrarias medidas del Juez Federal que dejaba libre de culpa y cargo a los propietarios de la empresa Nuestra Huella. Tampoco apeló el Fiscal General de la Cámara, Pablo Hernan Quiroga, que no sólo no adhirió a nuestras apelaciones, sino que además tampoco presentó una apelación propia.
Marcha a la Cámara Federal de San Martín a un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra.
La paradoja es que la causa por trata fue iniciada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación que investigó con la UFASE a la empresa y llegó a la conclusión de que habìa elementos suficientes para denunciarla por trata. Resulta inadmisible que los fiscales federales de Campana y el Fiscal General de la Cámara de San Martín omitan interponer los recursos correspondientes contra las resoluciones contrarias a las denuncias de la UFASE y tolere la explotación de niños e inmigrantes en un país dondeel estado argentino considera la esclavitud y la trata de personas, una violación de los derechos humanos en razón de las disposiciones de la Constitución Nacional (art. 15) y de los tratados con jerarquía constitucional.   LA POLICIA Y UN JUEZ ARMAN CAUSA PARA ESPIAR A LAS VICTIMAS Y A LAS ORGANIZACIONES QUE LAS APOYAN
Ante tamañas arbitrariedades, el 16 de noviembre pasado cuando se cumplía un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra, los trabajadores y victimas de Nuestra Huella marcharon hacia la Cámara Federal de San Martín acompañados por la Alameda, el MTE y organizaciones de la CTEP en protesta por las resoluciones del juez González Charbay y respaldando las apelaciones que presentamos en soledad sin el respaldo de ningún fiscal. En esa movilización, fuimos recibidos y se fijó una reunión con miembros de la Cámara al día siguiente en la que se acordó presentar toda la documentación que respalda nuestras apelaciones.   Para nuestra sorpresa, ese mismo día, la delegación de la Policía Federal de San Martín, armó una causa contra los trabajadores y victimas de la empresa, y las organizaciones civiles que las respaldan. Dicha causa se tramita antes el Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal Nº 1, (causa 5067/11) que preside Daniel Gutiérrez y el fiscal Jorge Sica, en la que se acusa a los manifestantes de dañar las instalaciones de la Cámara y planificar nuevas acciones supuestamente vandálicas para el día siguiente. La filmaciones de los medios de comunicación presentes en el lugar acreditan claramente que en la legítima manifestación de protesta no hubo hecho vandálico. Sin embargo, el relato fraudulento del comisario de la delegación de la Policia Federal de San Martín fue suficiente para que se armara una voluminosa causa en la que el 17 de noviembre, el Juez Federal Gutierrez con el respaldo del Fiscal Sica, ordenó al titular de la delegación de la Policía Federal de San Martín “la realización de tareas de inteligencia…a los efectos de identificar a los posibles autores de los sucesos investigados en el presente sumario de cuyas partes pertinentes se solicitan copias certificadas”. En una palabra, mediante una denuncia falsa de la policía, el Juzgado 1 y la fiscalia federal de San Martín ordenaron tareas de espionaje a la policía sobre los trabajadores y victimas de la empresa Nuestra Huella y sobre las organizaciones sociales que las apoyan.
Oficio judicial por la cual se ordena investigar a victimas de trata y organizaciones sociales
Las tareas de inteligencia fueron ordenadas a la Policía Federal.
El espionaje sobre organizaciones sociales parece ser un deporte en San Martín. El propio titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y periodista, Horacio Verbitsky, denuncia en el diario Página/12, el domingo 19 de febrero que “En todas las actas, labradas de 2007 en adelante, ante manifestaciones de obreros de Kraft Foods, Electroingeniería o la línea de colectivos 60, los jueces de San Isidro, San Martín y Campana (Sandra Arroyo Guzmán, Juan Manuel Yalj y Adrián González Charvay), solicitan identificar a los dirigentes o representantes en la manifestación, fotografiarlos, filmarlos y enviar el material al juzgado. En una clara demostración sobre la existencia de un banco de datos sobre militantes sociales y políticos”.   Si ya es grave el espionaje sobre organizaciones sociales,muchísimo más grave es el espionaje a las mismas victimas de trata que denuncian a los esclavistas y que el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación respaldó con una denuncia sobre trata contra Nuestra Huella.   El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y la sociedad deben tomar conocimiento de las gravìsimas resoluciones que se estan adoptando sobre el caso Nuestra Huella, donde los esclavistas quedan completamente impunes y las victimas son espiadas por orden judicial y tareas policialesante la pasividad y/o complicidad de los fiscales que tendrían que haber acompañado la investigación y denuncia que la UFASE y el Ministerio Público Fiscal realizaron sobre la empresa.

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