jueves, 2 de febrero de 2012

Código Orgánico Procesal Penal no se ajusta a la realidad venezolana


La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, expresó que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Código Penal son de obligatorio cumplimiento mientras no sean cambiados, pero que representan “una camisa de fuerza que impide al Poder Judicial estar a la altura de lo que nosotros técnicamente sabemos que podemos hacer y estamos obligados a luchar por ello”.

Así lo señaló en una entrevista telefónica que concedió este miércoles a la radioemisora privada, en la que informó que se ha venido estudiando que entre el año 2006 y 2011 se ha presentado una disminución en la comisión de los delitos contra la propiedad, lo cual está ligado directamente a la aplicación de las grandes misiones del Estado que han logrado aumentar el empleo, disminuir los problemas en el ámbito de salud y alimentación en las clases menos pudientes, lo que ha permitido un descenso en la pobreza crítica. “A menor pobreza menor cantidad de delitos contra la propiedad”, precisó.

Expresó la Presidenta del TSJ que es partidaria de revisar el COPP. “Creo que no se ajusta a la realidad venezolana, pienso a la vez que nuestro Código Penal es arcaico, ha cumplido con la función que le correspondía, a estas alturas cuando hemos cambiado tanto, incluso en el mundo informático, en la celeridad para que pudiésemos establecer a través de las nuevas tecnologías para los procesos. No podemos estar todavía dependiendo del papel y del retardo en el procedimiento que nos establece el propio Código”.

En ese sentido informó que el Tribunal Supremo de Justicia elaboró un proyecto de Código Penal que fue enviado a la Asamblea Nacional, el cual es novedoso, elaborado por un equipo dirigido por el magistrado Francisco Carrasquero. Además la Magistrada señaló que se trabaja en el tema de los Tribunales Municipales Penales.

Sobre estos tribunales explicó que serían los encargados de juzgar a las personas que cometan delitos que tienen como pena máxima cinco (5) años de acuerdo con el Código Penal, “asuntos de menor cuantía en relación a la ofensa social y que puedan establecer como castigo, unas penas alternativas para cumplirlas en libertad como son trabajos comunitarios, trabajos con el colectivo, entre otras”. Aclaró que no conocerán delitos de lesa humanidad, violación, secuestro, tráfico de drogas, corrupción, entre otros.

RNV

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